En España se han vulnerado los derechos a la salud y a la seguridad en el trabajo, entre otros. Esta es la denuncia que el Sindicato de Enfermería ha denunciado ante la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Se han vulnerado, al no dotarse adecuadamente, explica SATSE, a los profesionales sanitarios de los equipos de protección necesarios para desarrollar su labor profesional frente al coronavirus con todas las garantías.SATSE denuncia ante la UE la vulneración de los derechos fundamentales de los profesionales.
En el texto de la denuncia del Sindicato se argumenta, a lo largo de sus más de 20 páginas, que en España se ha vulnerado la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ya que se ha atentado de forma muy grave contra el derecho a la salud y la integridad física y psíquica de los profesionales y otras personas, como los pacientes, familiares y compañeros de trabajo, al exponerles de manera continuada al virus sin contar con la protección adecuada.
Depurar responsabilidades
Por ello, SATSE pide a esta agencia de la Unión Europea que inicie el expediente correspondiente para depurar las oportunas responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados. Demanda que exija al Estado español que proceda con carácter inminente a la dotación de las medidas de seguridad necesarias a los profesionales sanitarios. SATSE denuncia, ante la gravísima situación sanitaria existente, que el Gobierno no ha actuado con la diligencia necesaria. Además, no ha realizado las acciones adecuadas con la premura y previsión debida. Recuerda que debía hacerlo al objeto de prevenir la necesidad de medios de protección (EPIs) y planificar y adoptar las medidas necesarias para, dentro de sus posibilidades, paliar la situación.
Al respecto, la denuncia de SATSE incide en que en España se han dictado normas sobre cómo deben ser los equipos de protección ante la pandemia existente. Esas normas establecen los requisitos que deben contener o cómo deben de ser. Sin embargo, explica SATSE, aún siendo conocedor el Gobierno de su necesidad desde el pasado mes de enero, no ha sido hasta finales de marzo del presente año cuando ha procedido a realizar gestiones para intentar proveer del material necesario.
Falta de previsión del Gobierno
En lo que se refiere a la total falta de previsión, la denuncia destaca que, a pesar de que el contagio no estaba controlado desde primeros de febrero, no es hasta el día 14 de marzo cuando se decreta el Estado de Alarma y se toman medidas de confinamiento de la población. La organización apunta que no es hasta el 24 de marzo cuando se formaliza un contrato de compra de material sanitario (mascarillas, guantes y material de protección, test rápidos y equipos de respiración) asistida a China para hacer frente al coronavirus.
«Existe una responsabilidad patrimonial del Estado»
“Existe una responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la Unión Europea y del propio marco normativo del Estado español y existe una responsabilidad patrimonial del Estado, en tanto que pese a su conocimiento y a sabiendas de la crisis que se acontecía desde el mes de enero de 2020, no ha adoptado las medidas necesarias en tiempo y forma, y tampoco ha procurado prever de la necesaria dotación de medios a sus trabajadores a los que se les exige la prestación de su labor profesional”, reitera.
La violación del derecho comunitario ha perdurado en el tiempo
Violación del derecho comunitario
La organización sindical recuerda en su denuncia que la violación del derecho comunitario es manifiesta y denunciable cuando ha perdurado en el tiempo y cuando las recomendaciones de la autoridades sanitarias, tanto nacionales o como europeas, han sido obviadas. Algo que ha ocurrido en España, añade, ya que el Gobierno ha hecho caso omiso y no ha hecho previsión ni planificación y no ha adoptado las medidas pertinentes.
Grave vulneración del derecho a la salud, a la vida y a la seguridad en el trabajo
“Al contrario, las que adopta son tardías, y, además, sin dotar a los profesionales de las medidas necesarias para desarrollar su labor profesional con unas mínimas garantías”, señala. “Los requisitos para que exista esa responsabilidad por parte del Estado español es más que evidente y clara. Existe una grave vulneración del derecho a la salud, a la vida, a la seguridad en el trabajo…etc., derechos fundamentales de las personas, y además existe una relación de causalidad pues el incumplimiento normativo por parte del Estado Español de no dotar adecuadamente en tiempo y forma a los profesionales de los equipos de protección necesarios para desarrollar su labor profesional, incumpliendo sus propias previsiones normativas, ha provocado graves perjuicios a los mismos”, concluye.
¿Qué hace la Agencia de Derechos Fundamentales?
La agencia tiene como objetivo ayudar a promover y proteger más eficazmente los derechos fundamentales en la UE. En su afán de conseguirlo, consulta y colabora con sus socios para: recoger y analizar información y datos mediante estudios del ámbito jurídico y social; proporcionar asistencia y asesoramiento independiente; comunicar y concienciar sobre los derechos fundamentales.
La Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) proporciona asesoramiento independiente. Contribuye a que la creación de debates, políticas y legislación en materia de derechos fundamentales sea mejor informada y más específica.
Situación COVID 19 en España
España ha registrado en las últimas 24 horas 812 muertos por coronavirus. Esto supone un ligero descenso en el número de fallecidos diarios con respecto a este domingo. Ya se han producido 8.189 fallecidos y 94.417 contagiados. La cifra de profesionales dada ayer es de 12.298 positivos. Cerca de 20.000 personas ya se han recuperado y se han tratado en UCI 5.607 personas. Hoy 334 más que ayer. Esta es la tabla volcada hoy por el Ministerio de Sanidad de los datos recogidos por comunidades autónomas.
España supera así a China en el número de infectados por COVID 19. En cuanto al desglose de fallecidos por edades. Encontramos que el 85 por ciento son mayores de 70 años. El 60 por ciento de más de ochenta. Y hasta los 30 años un 0,2 por ciento de los casos.
