En una carta dirigida al titular del Ministerio, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, recuerda que el Real Decreto-ley 6/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, viene a considerar como situación asimilada a accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de todas las personas trabajadoras provocados por el Covid-19, salvo prueba de que el contagio de la enfermedad se ha contraído como causa exclusiva en la realización del trabajo en cuyo caso será calificada directamente como accidente de trabajo. Las bajas por COVID de las enfermeras y enfermeros deben ser accidentes laborales a todos los efectos.
Y es que en la mayoría de los partes de baja de los profesionales sanitarios están gestionándose realmente como una enfermedad común por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INNS) asimilada a accidente de trabajo de cara a la prestación económica de incapacidad temporal. El Sindicato señala que esta circunstancia puede llevar a que durante la tramitación administrativa de la baja laboral con el INNS haya algún error y finalmente no se considere como accidente de trabajo, con las consiguientes repercusiones económicas para el profesional sanitario afectado, que también se encontraría con serias dificultades a la hora de poder justificar las circunstancias que han propiciado su baja.
Reconocimiento general
De ahí, explica SATSE, su reclamación de que las incapacidades temporales derivadas de COVID-19 sean accidente de trabajo y se les reconozca, además, el recargo de prestaciones recogido en el Real Decreto 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. SATSE ya se había dirigido al ministro el pasado mes de marzo para reclamar la consideración de accidente laboral. Tanto para los periodos de aislamiento como las bajas. En la carta dirigida entonces a Escrivá se alertaba de la necesidad de dar cumplimiento a los protocolos.
Según el Sindicato, el reconocimiento del recargo de prestaciones se justifica en la notoria situación de dificultad en la implementación de medidas generales y particulares de seguridad y salud en los centros sanitarios y sociosanitarios. ”También en la escasa, y en algunos casos nula, posibilidad de acceder a los equipos de protección personal para la adecuada protección de las enfermeras y enfermeros y el conjunto de profesionales sanitarios”, explica.
Desde la organización sindical se insiste en que “los profesionales sanitarios están contrayendo el virus en su inmensa mayoría como consecuencia o con ocasión del desarrollo de su trabajo. Todo esto sin contar con el importante número de profesionales que con seguridad han sido también contagiados, pero permanecen asintomáticos. Sin síntomas y trabajando por no habérsele realizado las pruebas diagnósticas pertinentes, por lo que no entran a formar parte de las estadísticas”.
SARS-Cov-2, grupo IV Agentes biológicos
De otro lado, en la carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también se reclama que se modifique la normativa necesaria para que el virus SARS-CoV-2 sea clasificado dentro del Grupo 4 que agrupa a aquellos agentes biológicos que causan una enfermedad grave en las personas y que suponen un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.
Esta demanda de SATSE se basa, añade el sindicato, en “pronunciamientos y estudios científicos que concluyen que la pandemia por el Covid-19 tenderá a ser estacional y afectará periódicamente tanto a la población como, por la frecuencia y nivel de exposición, a los profesionales sanitarios en su ámbito laboral“.
Por ello, el Sindicato de Enfermería reclama al Gobierno que ponga en marcha el procedimiento para realizar las modificaciones que procedan en la normativa vigente. Específicamente, señala, “el Real Decreto 664/1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.”. Además reclama que esta modificación también sea tenida en cuenta en el cuadro de enfermedades profesionales regulado en el Real Decreto 1299/2006.
¿Qué supone un accidente de trabajo?
Cuando se considera accidente de trabajo, la legislación le otorga, entre otros, estos derechos:
- Asistencia sanitaria.
- Prestación por incapacidad temporal desde el día siguiente al de la baja y sin periodo previo de cotización.
- En el supuesto de sufrir lesiones permanentes no invalidantes tendrá derecho a una indemnización.
- En el caso de incapacidad permanente se distingue: parcial, total y absoluta.
- Recargo de prestaciones económicas según la gravedad de la falta de un 30% a un 50%.
- En el caso de fallecimiento se otorgará una pensión de viudedad en favor del cónyuge. También una pensión de orfandad en favor del hijo menor de 25 años o de 21 si efectúa trabajo
lucrativo. Además, una indemnización y un auxilio por defunción. - Vía penal. Siempre que se ha podido cometer el delito tipificado en el artículo 316 del Código Penal.
La situación de «situación asimilada a accidente de trabajo por COVID 19» tiene exclusivamente efectos para la prestación económica de incapacidad temporal. En el día de ayer el Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno distribuir EPIs a sanitarios. También le señala que deberá informarle de sus medidas cada 15 días. El Gobierno fijará el precio de las mascarillas en el Consejo de Ministros de hoy. También de guantes y antisépticos.
