Cuando se cumplen cinco años desde que el Gobierno estatal permitió, en marzo de 2018, que las comunidades autónomas implementasen de nuevo la jornada laboral de 35 horas, SATSE critica la falta de interés e irresponsabilidad de las administraciones de las seis autonomías mencionadas por no querer acabar con una realidad laboral, no solo perjudicial para los trabajadores, sino claramente discriminatoria.
Esta situación, que también sufren los profesionales públicos de Ceuta y Melilla se inició en 2012 cuando el Gobierno de aquel entonces acordó ampliar la jornada laboral a 37,5 horas semanales dentro de las medidas para acabar con la crisis económica. Por tanto, ya son once años los que los trabajadores sufren un recorte laboral que se planteó como temporal ante una coyuntura económica concreta y que se ha perpetuado en el tiempo, afirman desde el Sindicato.
Por ello, el Sindicato de Enfermería ha vuelto a reclamar a los gobiernos de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia que posibiliten la recuperación de este derecho laboral antes de que finalice la actual legislatura y no sigan manteniendo una realidad laboral injusta, lesiva y discriminatoria que afecta a miles de trabajadores.
Prioridades laborales
En caso contrario, al Gobierno entrante tras las elecciones de mayo tendrá que resolver, entre sus prioridades, una clara deuda pendiente con sus profesionales del sector público, entre ellos, las enfermeras y fisioterapeutas de los correspondientes servicios autonómicos de salud, apuntan desde la organización sindical.
En los últimos meses, la presión del Sindicato de Enfermería obtuvo sus frutos y dos comunidades autónomas, Baleares y Comunidad Valenciana, han permitido la vuelta a la jornada de 35 horas semanales. En el caso de Castilla y León hay un compromiso por parte de la administración autonómica de implementar esa jornada a partir de junio de 2023.
Generación de empleo
De otro lado, el Sindicato de Enfermería recalca que la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, no solo supone un claro beneficio para los trabajadores, sino que conlleva la generación de empleo y mejora la disponibilidad de los profesionales para atender a los pacientes, lo que siempre redunda en unos cuidados y atención sanitaria más segura y de mayor calidad.
“Es muy difícil explicar para los responsables públicos que en próximas semanas volverán a pedir la confianza ciudadana en las elecciones autonómicas porque los profesionales públicos de otras comunidades autónomas sí disfrutan desde hace años de la jornada laboral de 35 horas y los de su administración siguen cargando con un lastre heredado de una crisis económica de hace 15 años”, concluyen desde el Sindicato de Enfermería.
