La hemeroteca audiovisual de la Cámara Baja puede trasladarnos en cualquier instante al 15 de diciembre del pasado 2020 cuando los aplausos inundaban el hemiciclo tras la toma en consideración, por práctica unanimidad (312 votos a favor y solo 10 en contra), de una norma que, según sus señorías, era muy necesaria para asegurar una atención sanitaria más segura a los 47 millones de personas que residen en nuestro país.
Cierto es que, lamentablemente, toda prudencia y cautela es poca a la hora de dar por seguro cualquier compromiso expresado por un responsable público o político en una tribuna de oradores pero la contundencia y vehemencia de sus palabras de respaldo al texto normativo nos llenaban de confianza a las cerca de 700.000 personas que habíamos hecho posible su debate en el Parlamento.
Se inició el actual 2021 y empezaron a sucederse las peticiones de aplazamiento del plazo estipulado para que los distintos grupos políticos presentasen sus enmiendas parciales a la Ley y, con ello, las sucesivas prorrogas ante el cada vez mayor desánimo y malestar de profesionales sanitarios, ciudadanía y numerosas asociaciones de pacientes, personalidades y organizaciones enfermeras de todo el mundo que veían que nuestro país estaba muy cerca de convertirse en uno de los primeros del mundo en legislar sobre este asunto.
Cuando escribo estas líneas han transcurrido ya más de diez meses y 23 prórrogas y la Ley de Seguridad del Paciente sigue “bloqueada” en el Congreso de los Diputados. La pregunta es obvia, ¿por qué? y la respuesta susceptible de distintas interpretaciones. Intereses políticos, intereses económicos por encima de los políticos, sanidad privada…
Lo seguro y constatable en documentos públicos es que el Partido Popular es la formación política de ámbito nacional que ha pedido en más ocasiones la ampliación del plazo de presentación de enmiendas, seguido de Ciudadanos, y que los partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se mantienen callados y sin aparentemente querer impulsar su tramitación.
Sea por acción u omisión, la lamentable realidad es que observamos, a fecha de hoy, que no hay una rotunda y decidida voluntad política por aprobar cuanto antes la Ley que hace unos meses aplaudían con entusiasmo desde sus respectivos asientos.
Señorías, sean ustedes plenamente conscientes de que con aplaudir no basta. Es urgente que se apruebe la Ley para conseguir que nuestro país deje de ser un referente en negativo en lo que respecta a la seguridad del paciente en el conjunto de Europa y ese logro está en sus manos.
No hay que olvidar nunca que garantizar una asignación máxima de pacientes por cada enfermera y enfermero logrará reducir las complicaciones y riesgos en cualquier proceso asistencial, la mortalidad, los reingresos y la duración de las estancias hospitalarias, como concluyen un cada vez mayor número de expertos nacionales e internacionales en base a distintos estudios científicos.
El hastío y decepción son cada vez mayores al constatar que nuestros representantes en el Congreso de los Diputados no tienen ningún reparo en decir una cosa en público y hacer otra cosa muy diferente cuando los focos de los medios de comunicación no les iluminan, incluso ante cuestiones tan esenciales, como son la vida, la salud y nuestro bienestar sanitario.
Lo único que les pedimos es coherencia, honestidad y, sobre todo y ante todo, que trabajan por el bien común de todos y todas, y no por cuestiones difíciles de entender y, mucho menos, de justificar públicamente.
Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE.
