Existen numerosos pros y contras al respecto que serían objeto de un análisis detallado y en profundidad pero en esta reflexión personal quiero centrarme en una de las consecuencias que ha conllevado que las políticas en materia de recursos humanos sean tantas como el número de servicios de salud autonómicos existentes.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 43, establece el derecho a la protección a la salud y la Ley 14/1986, General de Sanidad apunta, como uno de sus grandes pilares, la obligación de prestar una atención integral de la salud al conjunto de la ciudadanía procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.
La pregunta es: ¿Estamos garantizando el cumplimento de estos objetivos si nos atenemos a las condiciones de trabajo en las que los profesionales sanitarios tienen que desempeñar su labor en función del servicio de salud en el que prestan sus servicios?
La situación actual, lamentablemente, es que la descentralización de las competencias sanitarias ha hecho que haya 17 realidades distintas en cuanto a las condiciones laborales (salarios, jornada, complementos, movilidad, carrera profesional…) y profesionales (atribución y desarrollo de competencias, posibilidades formativas…) de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, así como del conjunto del personal sanitario.
Excuso subrayar que estas condiciones de trabajo tienen un clara e inequívoca repercusión en la atención sanitaria y cuidados que se presta a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía. Condiciones laborales y atención sanitaria son las dos caras de una misma moneda que las distintas autoridades públicas utilizan de una manera u otra en función de intereses propios y particulares.
Unos intereses que, en muchas ocasiones, no responden al único y principal objetivo de ofrecer la mejor atención sanitaria posible sino a condicionantes de tipo económico, político y territorial que, además, varían cada cierto tiempo en función del dirigente o partido político que ostente la responsabilidad de gestionar los recursos sanitarios de una determinada comunidad autónoma.
Un claro ejemplo es que los profesionales sanitarios de ocho comunidades autónomas aún no han recuperado su jornada laboral de 35 horas semanales a pesar de haber transcurrido tres años desde que el Gobierno permitiese a las autonomías recuperar este derecho laboral perdido en 2012.
También son ocho servicios autonómicos de salud los que discriminan a sus enfermeras y enfermeros respecto a sus compañeros y compañeras que trabajan en el resto de comunidades autónomas al no reconocer el conocido como “solape de jornada”, que es el trabajo “extra” que realizan todos los días fuera de su jornada laboral para asegurar que sus pacientes reciben la atención y cuidados necesarios.
De igual manera, la implantación y desarrollo del proceso de acreditación de la carrera profesional para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de nuestro país se está realizando a “distintas velocidades” en función de la comunidad autónoma. Algo que también ocurre con las nuevas convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para dar estabilidad a las plantillas de profesionales sanitarios y que solo han hecho realidad tres autonomías.
Si bien es cierto que ya resultan manidas expresiones como “trabajadores de primera y de segunda”, no lo es menos que plasman con rotunda claridad la lamentable situación de profesionales que, con una idéntica cualificación universitaria, capacitación y responsabilidad profesional, desarrollan una misma labor asistencial y de cuidados, pero sufren una vasta discriminación laboral y retributiva por el simple hecho de realizarla en un servicio de salud u otro.
En definitiva, se trata de una realidad que debemos cambiar y ahora, tras constatar a raíz de la pandemia del Covid-19 la crucial importancia de tener un sistema sanitario fuerte, cohesionado y eficaz, es el momento de hacerlo.
Hay que armonizar las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario en el conjunto del Estado para, de esta forma y dada su repercusión positiva en la atención a los pacientes, poder dar respuesta a las necesidades de salud y cuidados de cualquier ciudadano de nuestro país en óptimas condiciones, resida en el norte, en el centro o en el sur de la península, en una de nuestras islas o en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Ninguna persona o profesional sanitario debe ser discriminado y tiene que ser tratado con igualdad y equidad, como también establece nuestra Constitución, en su artículo 14. Si resulta absolutamente necesario en cualquier ámbito de nuestra vida, lo es más, si cabe, en el de la salud y bienestar integral.
Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE.
