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Ley de Seguridad del Paciente, seguimos adelante

Garantizar siempre y en cualquier lugar la salud y seguridad de una persona que es atendida en un hospital, centro de salud o centro sociosanitario a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera o enfermero es una necesidad crónica de nuestro sistema sanitario que lleva ya diez años enrocada en debates estériles y compromisos incumplidos, tanto en el Parlamento como en el seno de los sucesivos gobiernos a nivel estatal y autonómico.

Ya en 2010 se aprobó en las Cortes Generales una ponencia sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la que se concluía que nuestro país tenía muy pocas enfermeras y enfermeros y que había que adecuar las plantillas a las necesidades reales de nuestra sanidad.

Desde ese momento y hasta la reciente demanda en el mismo sentido emanada de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país hemos venido escuchando a distintas autoridades administrativas y políticas coincidir en un similar diagnóstico de situación y abogar por adoptar soluciones tendentes a mejorar la asistencia sanitaria.

Ahora, y después de posibilitar una Iniciativa Legislativa Popular para que la voz del conjunto de la sociedad fuera escuchada, la Proposición de Ley de Seguridad del Paciente ya se encuentra en el Congreso de los Diputados a la espera de que se decida finalmente en Pleno si se toma en consideración y, por tanto, si continúa su tramitación parlamentaria hasta poder convertirse en una realidad.

Tuve la oportunidad esta misma semana de defender su importancia y necesidad en la Comisión de Sanidad y escuché, una vez más, buenas palabras por parte de todos los portavoces de los diferentes grupos políticos. Les pedí su apoyo para garantizar y ofrecer una atención sanitaria y cuidados en óptimas condiciones de calidad, igualdad y seguridad y les insistí en que no podemos esperar más para resolver un problema que se ha revelado como el “talón de aquiles” de la grave crisis sanitaria provocada por la expansión de la Covid-19.

Nuestro país cuenta con una población cada vez más envejecida y con más patologías crónicas o en situación de dependencia que requiere que se le garantice el derecho a ser cuidada, independientemente del lugar en el que resida cada cual o sus circunstancias personales. Para ello, las enfermeras y enfermeros son, sin duda, la clave; como también lo son para mejorar todas las políticas y actuaciones en materia de salud pública, prevención de enfermedades, mejora del bienestar y calidad de vida…

 

Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE

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