Como ya sucedió en diciembre de 2021, y convocados también por el Sindicato de Enfermería, SATSE, delegados y delegadas de la organización, profesionales y estudiantes de Enfermería se han manifestado ante la Cámara Baja, detrás de una gran pancarta en la que se podía leer “No más retrasos. Exigimos al Congreso que cumpla con su compromiso”, coreando lemas como “No hay seguridad del paciente sin enfermeras suficientes”, “El cinismo y la traición os costará el sillón”, “Con engaños no se ganan los escaños” o “Nuestra Sanidad necesita calidad”.
Procedentes de todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, los profesionales manifestaron que se sienten “traicionados” después de constatar que, detrás de la falta de voluntad política de algunos partidos para que se apruebe la Ley que garantiza la seguridad asistencial a través de una asignación máxima de pacientes por enfermera, se esconden intereses exclusivamente políticos y partidistas en lugar de la mejora y reforzamiento de nuestro sistema sanitario.
“Algunos representantes políticos son como los globos, que se insuflan de promesas y compromisos y finalmente se desinflan sin haber cumplido ni una sola palabra”, criticaron los manifestantes, los cuales aseguraron que no cejarán en su empeño de que el Congreso de los Diputados cumpla con la voluntad de las cerca de 700.000 personas que apoyaron esta Ley y llegue a ser una realidad en beneficio del conjunto de la ciudadanía y de las enfermeras y enfermeros de nuestro país.
Falta de interés
En la actualidad, ya han transcurrido dos años y cinco meses desde que la Ley de Seguridad del paciente entró en el Congreso de los Diputados y 16 meses desde que fue tomada en consideración con el respaldo casi unánime de todos los partidos (312 votos a favor y solo 10 en contra).
A pesar de que, en un principio, la mayoría de partidos políticos se mostraron muy favorables a su urgente aprobación, la Ley se encuentra paralizada porque, semana tras semana, se pide a la Mesa del Congreso la ampliación de plazo para poder presentar enmiendas parciales al texto normativo, y ya van cerca de 50 prórrogas.
«Pretenden tomar el pelo a los ciudadanos y ciudadanas, creyendo que son ilusos e ignorantes»
“Pretenden tomar el pelo a los ciudadanos y ciudadanas, creyendo que son ilusos e ignorantes o que terminarán por olvidar su compromiso de aprobar una ley que solo conlleva más salud, más igualdad en la asistencia sanitaria y más seguridad, pero no vamos a cejar en nuestro empeño y después de esta protesta multitudinaria vendrán todas las que resulten necesarias hasta lograr nuestro objetivo, que es el de toda la sociedad”, señalaron.
Sanidad pública
En la concentración convocada por SATSE se enfatizó que, “una vez superado lo peor de la pandemia del Covid-19, algunos partidos vuelven a demostrar su verdadera cara, que no es otra que abandonar a la sanidad publica y a sus profesionales, propiciando una clara y lenta agonía que puede llevarle a una perpetua existencia en precario, sino es a su total desaparición, tal y como ahora la conocemos”.
La Ley de Seguridad del Paciente sigue bloqueada en la Cámara Baja por los intereses partidistas y políticos de partidos que, como el PSOE, insiste, semana tras semana, en retrasar su tramitación, según ha constatado SATSE por información interna del Congreso de los Diputados. El Sindicato pide también a Unidas Podemos que se libere del “secuestro político” al que le tiene sometido el PSOE y vote en contra en la Mesa del Congreso a nuevas peticiones del PSOE para seguir prorrogando el plazo de presentación de enmiendas parciales.
En el transcurso de la protesta, representantes de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos se acercaron a las enfermeras y enfermeros concentrados para trasladarles su respaldo en su demanda de poder garantizar en el conjunto del Estado la seguridad del paciente, ya sea en un hospital, un centro de salud o cualquier otro centro sanitario y sociosanitario.
Largo recorrido
La Ley de Seguridad del Paciente nace como Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por SATSE, en 2018. Tras lograr cerca de 700.000 firmas de apoyo de ciudadanos y profesionales, además del respaldo de asociaciones de pacientes, usuarios y consumidores, personalidades y organizaciones enfermeras de todo el mundo, entra en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2019.
La aprobación de esta Ley resulta imprescindible para evitar los riesgos, complicaciones, efectos adversos, reingresos e, incluso, fallecimientos, que provoca una excesiva asignación de pacientes por cada enfermera/o, como sigue ocurriendo en nuestro país.
En España, hay hasta 25 pacientes por cada profesional en los hospitales, hasta 2.500 personas asignadas a una enfermera en los centros de salud y hasta 200 mayores en los centros sociosanitarios, pese a las reiteradas advertencias de numerosos estudios científicos nacionales e internacionales que concluyen, por ejemplo, que la falta de estos profesionales en los centros incrementa el riesgo de muerte en un 13 por ciento.
Sobrecarga y tensión asistencial
La Ley de Seguridad del Paciente establece que en los hospitales, como regla general, haya un máximo de seis pacientes por cada enfermera, pudiéndose asignar hasta ocho, y en los centros de salud, la asignación de población por cada enfermera o enfermero no deberá superar nunca los 1.500 habitantes. En cuanto a los centros sociosanitarios, la Ley impulsada por SATSE estipula que debe establecerse la asignación de personas usuarias según la tipología del centro y los cuidados que se requieran.
En cuanto a los centros sociosanitarios, la Ley impulsada por SATSE estipula que debe establecerse la asignación de personas usuarias según la tipología del centro y los cuidados que se requieran.
De igual manera, esta Ley evita la grave sobrecarga y tensión asistencial que sufren las enfermeras y enfermeros y que les provoca un continuado deterioro y perjuicio de su salud física, psicológica y emocional, así como la aparición de distintas enfermedades y problemas de salud (estrés, burn out…), a lo largo de toda su trayectoria profesional, apunta SATSE.
Cuando se apruebe, España será el primer país europeo y el tercero en el mundo, junto a EE.UU. y Australia, en contar con una norma de estas características. La inversión que requiere su aplicación se cifra en 50-60 euros por habitante al año. Por cada euro invertido se recuperan directa e indirectamente más de 1,6 euros. (efectos adversos, estancias inadecuadas y otros conceptos).
