El Sindicato de Enfermería, SATSE, subraya que la venta de test de autodiagnóstico del Covid-19 en la oficinas privadas de farmacia es una medida que no posibilita un correcto y eficaz control y seguimiento de la pandemia y puede, además, perjudicar a las personas al llevar a situaciones de falsa seguridad o intranquilidad si no se hace e interpreta de manera correcta, provocando incertidumbre, inseguridad e inestabilidad personal, laboral y familiar.
El Sindicato de Enfermería rechaza la decisión del Gobierno de descargar en el ciudadano la importante responsabilidad que conlleva, no solo la realización e interpretación de este tipo de pruebas diagnósticas, sino su pertinente comunicación al centro sanitario correspondiente en el caso de que entienda que su resultado es positivo, así como al centro de trabajo y a posibles contactos estrechos para su seguimiento, vigilancia y, si procede, aislamiento preventivo.
En este sentido, el Sindicato de Enfermería recuerda que la eficacia y fiabilidad de este tipo de pruebas diagnósticas es menor y, además, en función de cómo se realiza la recogida de la muestra, puede arrojar resultados inexactos que lleven a confundir la interpretación de los mismos, pudiendo provocar falsos positivos y falsos negativos, como afirman los expertos.
Falta de precisión
“La falta de experiencia y de los conocimientos necesarios puede afectar a la precisión de las pruebas, y, con ello, el aumento de falsos negativos y falsos positivos”, señala SATSE, apuntando que “la toma de las muestras y la interpretación de la información no es un acto banal ni sencillo y, mucho menos, para una persona que no es un profesional sanitario”.
Por ello, y de cara a garantizar un correcto seguimiento y control de la pandemia, SATSE reitera que estas pruebas diagnósticas deben ser realizadas en los centros y con los recursos que forman parte de los dispositivos de salud pública existentes en cada comunidad autónoma y por parte de los profesionales sanitarios cualificados y competentes, como es el caso de las enfermeras y enfermeros, en lugar de descargar toda la responsabilidad en el propio ciudadano.
De igual manera, señala, los resultados obtenidos tienen que estar integrados en el sistema de vigilancia epidemiológica de la sanidad pública para poder actuar en consecuencia en cada caso y adoptar en todo momento las decisiones pertinentes para controlar la propagación del virus. Al respecto, apunta que, en ningún caso, debe hacerse mediante registros clínicos o de datos personales en las oficinas privadas de farmacia.
La incertidumbre e inquietud que generará en los ciudadanos la autorrealización de estas pruebas diagnósticas aumentará la presión asistencial
Asimismo, y ante el argumento de que esta medida logrará reducir la presión asistencial en los centros, SATSE asevera que provocará justo lo contrario, ya que la incertidumbre e inquietud que generará en los ciudadanos la autorrealización de estas pruebas diagnósticas llevará a los afectados, en muchas ocasiones, a contactar o acudir a los centros con el consiguiente incremento de la actividad de en los mismos.
Sector privado farmacéutico
De otro lado, y en relación a la buena acogida que ha tenido este medida en el sector privado farmacéutico, la organización sindical entiende que dicho sector privado la valore como muy positiva, “pues indudablemente supone una clara y fácil oportunidad de negocio que contribuirá a incrementar su volumen de beneficios, al ingresar entre 8 y 10 euros por cada test que vendan en su establecimiento comercial”.
En cuanto a su ofrecimiento de coordinar el registro y notificación de los datos que resulten de los test de autodiagnóstico, SATSE critica firmemente la insistente intención de las oficinas privadas de farmacia de confundir a la opinión pública al hablar como si éstas fuesen un centro sanitario público cuando son establecimientos comerciales privados en los que mayoritariamente se venden medicamentos y todo tipo de productos de higiene, estética, aseo personal…
Al respecto, SATSE pide a la administración sanitaria que no baje la guardia ante el permanente intento de las farmacias de crecer en su margen de negocio intentando, por otro lado, mimetizarse y confundir a la opinión pública como si fuesen centros sanitarios, porque no lo son de ninguna manera. Concluye, en este sentido, que toda la información sobre los pacientes pertenece al sistema sanitario público, teniéndose que salvaguardar, en todo momento, la protección de datos clínicos y datos personales. Algo que, nunca y bajo ningún concepto, ha de realizarse en establecimientos privados cuya principal función y servicio a la sociedad es vender medicamentos y otros productos comerciales.
