SATSE ha solicitado al Gobierno que reconsidere su postura y mantenga el derecho de los profesionales sanitarios a la asimilación de la COVID-19 como enfermedad profesional. Un colectivo en el que el COVID persistente presenta una elevada prevalencia y una importante afectación negativa en su salud física y mental.
En sendas cartas dirigidas a la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá, SATSE traslada su rechazo al hecho de que se haya derogado tácitamente, y sin mención a ninguna norma, la asimilación del COVID como enfermedad profesional para aquellos sanitarios que la contraen en el desempeño de su trabajo.
La enorme variabilidad de las secuelas y la diferente gravedad de estas, junto con el desconocimiento de la evolución que tendrán en el futuro, obliga a un tratamiento diferencial que mejore la protección de los profesionales. Por ello, el Sindicato considera especialmente injusta la medida adoptada por el Gobierno.
Efectiva desde julio
Esta derogación se hizo efectiva tras la publicación, el pasado 5 de julio, del Acuerdo del Consejo de Ministros. En este acuerdo se declaró la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. También el cese en la aplicación de las medidas extraordinarias establecidas.
El Sindicato se dirigió en julio a la Secretaría de Estado de Seguridad Social para aclarar esta cuestión. Su respuesta fue que entienden que la vigencia de este derecho finalizó en el momento en el que se levantaron todas las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria. SATSE no entiende que un organismo gubernamental pueda interpretar y dar por hecho que las normas no se derogan expresamente, “sino según el contexto”.
Prestaciones similares
Por ello, y mientras no se publique en una norma lo contrario, el Sindicato considera que el derecho le asiste para entender que sigue en vigor el Real Decreto donde se estableció que el personal que trabaja en los centros sanitarios y sociosanitarios, y haya contraído el virus en el ejercicio de su profesión, tiene las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional.
La organización sindical reafirma su postura, además, en el hecho de que el Gobierno reconoce que la primera recomendación que se hace a la ciudadanía y a las distintas administraciones es la protección a la población vulnerable, entre la que se integran los profesionales del ámbito sanitario y socio-sanitario.
Consecuencias perjudiciales
El Sindicato de Enfermería reitera la elevada prevalencia del COVID persistente entre los profesionales sanitarios y sociosanitarios, y que sus perjudiciales consecuencias llegan, en muchas ocasiones, a causarles incapacidad para realizar actividades de la vida diaria.
Otro argumento esgrimido por SATSE es que la Estrategia Española 2023-2027 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo del INSST (dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social), señala, entre otras líneas de actuación y de conformidad con las recomendaciones de la Unión Europea, que se incluirá la COVID-19 como enfermedad profesional en el Real Decreto que aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.
