El Sindicato de Enfermería ha reclamado a las administraciones públicas, estatal y autonómicas, que actúen con mayor contundencia ante los persistentes casos de intrusismo profesional que sufre la fisioterapia y que conllevan un serio riesgo para la salud de los ciudadanos.
La organización sindical subraya que las administraciones estatales, autonómicas y locales tienen que impulsar las actuaciones de control y sanción pertinentes ante lo que supone un claro fraude a la sociedad.
Autorización, inspección y control
Entre otras acciones, desde el Sindicato se incide en la necesidad de que las autoridades autonómicas y locales sean especialmente estrictos en los procesos de autorización, inspección y control en todos aquellos centros que ofertan servicios de fisioterapia. Al respecto, recuerda que solo pueden ser realizados por un fisioterapeuta, como profesional sanitario acreditado por un título universitario.
En este sentido, SATSE incide, por ejemplo, en que no es lo mismo ser masajista que ser fisioterapeuta. El primero no es un profesional sanitario, no puede tratar patologías ni hacer ningún tipo de actuación terapéutica que pueda confundir a la población.
La escasa formación de estas personas puede comprometer gravemente la salud de sus pacientes
El Sindicato insiste en que las garantías que ofrece un fisioterapeuta no son comparables, en modo alguno, a las que puede ofrecer un ‘pseudoprofesional’. La escasa formación de estas personas puede comprometer gravemente la salud de sus pacientes, al aplicar técnicas o métodos cuyos efectos puedan resultar contraproducentes.
Se trata de situaciones en las que la persona afectada puede verse desamparada en el supuesto de reclamación o conflicto, en cuanto a responsabilidad civil. Los fisioterapeutas sí tienen cubiertos estos riesgos, la mayoría de estas personas no tienen contratada ninguna póliza, apuntan desde SATSE.
Campañas de información
De otro lado, la organización sindical reclama también una mayor contundencia y diligencia a las correspondientes instancias judiciales. Este tipo de prácticas constituyen un delito de intrusismo laboral, y también, en ocasiones, de falsificación de documento público y apropiación indebida.
«No podemos permitir que en nuestro país sigan ejerciendo ‘pseudoprofesionales’ no cualificados»
SATSE explica que “no podemos permitir que en nuestro país sigan ejerciendo ‘pseudoprofesionales’ no cualificados en centros e, incluso, domicilios particulares, que buscan su lucro económico a la hora de realizar actuaciones que pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas”.
