El próximo mes de enero se celebrará la Audiencia Pública en el Parlamento Europeo. En ella se abordarán los problemas y necesidades de las enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios que trabajan en los distintos países de Europa.
Esta Audiencia Pública es una iniciativa de SATSE, que viene realizando gestiones con europarlamentarios de diferentes partidos políticos desde hace meses. El objetivo es que se trate en la Unión Europea el déficit crónico de enfermeras que existe en nuestro país y en otros Estados miembros.
Un asunto que ya se ha tratado en la reunión de la Comisión de Expertos en Servicios de Salud de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), que preside SATSE. El objetivo es que esta Audiencia Pública reúna a expertos y profesionales que analicen de manera conjunta la situación actual de los profesionales sanitarios en la UE. Con ello, se pueden proponer las actuaciones necesarias para mejorar sus condiciones de trabajo.
Postura común
En la Comisión de Expertos de Servicios de Salud de CESI se acordó un posicionamiento conjunto en el que se exige a la UE y a los Estados miembros que mejoren los niveles actuales de personal sanitario. Deben existir unas directrices europeas mínimas sobre las cuotas de profesionales sanitarios por paciente para garantizar una mejor atención y reducir la mortalidad.
Según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en Europa hay un déficit de 2,3 millones de enfermeras. Por ello, insisten en que resulta prioritaria una estrategia dirigida a mejorar esta situación.
Mayor inversión pública
CESI reclama también un incremento del gasto público destinado a sanidad con el objetivo de garantizar unas condiciones laborales adecuadas para los profesionales.
Hay que garantizar el acceso a equipos de protección, formación y tecnología y también a todos los recursos y medios necesarios para desempeñar su trabajo en las mejores condiciones. Hasta la fecha, los niveles de inversión pública son inadecuados para garantizar unos servicios asistenciales de alta calidad, disponibles y accesibles, apunta.
“La Comisión de Expertos considera también necesario garantizar medidas para reducir los riesgos psicosociales de los profesionales”.
Las deficientes normas de salud y seguridad en el trabajo, la sobrecarga laboral y el escaso reconocimiento de su valor, especialmente después de la pandemia del COVID-19, han tenido efectos adversos en la salud mental de los trabajadores. Muchos han sufrido un desgaste profesional, COVID persistente u otros trastornos relacionados con el estrés.
CESI entiende que debe de estar disponible en todos los Estados miembros el acceso a vías de recursos efectivas para este tipo de situaciones, incluyendo el reconocimiento de los efectos de la COVID persistente.
Igualdad y transparencia
Evitar la emigración de profesionales debido a unas precarias condiciones laborales y mejorar las condiciones de atracción y retención de personal es otra prioridad. Como lo es abordar las desigualdades de género y la falta de transparencia salarial en el sector sanitario, ocupado de manera predominante por mujeres.
Es necesario que haya más mujeres representadas en puestos de liderazgo o de toma de decisiones; así como posibilitar una mejor conciliación de la vida familiar y profesional.
