SATSE, que se ha vuelto a dirigir por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre este asunto, subraya que la situación sigue casi “en el punto de partida” aunque hayan transcurrido ya más de 18 años desde que se adquirió el compromiso de que la atención sanitaria y las condiciones laborales de los profesionales que prestan sus servicios en las prisiones serían competencia de los gobiernos autonómicos.
En este sentido, el Sindicato de Enfermería recuerda que, salvo en el caso de Euskadi, Cataluña y Navarra, las personas privadas de libertad en las restantes autonomías siguen sufriendo una precaria atención sanitaria y cuidados motivada en gran parte por las difíciles y penosas condiciones laborales que tienen los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios, especialmente las enfermeras y enfermeros.
La última información pública al respecto de la que tiene SATSE conocimiento, en base a una respuesta parlamentaria, es del 1 de junio de 2021, cuando desde el Ministerio del Interior se afirmaba que se habían retomado, después de la pandemia, “una serie de actuaciones” con las diferentes comunidades autónomas para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria. Apuntaba, en concreto, que se estaba trabajando con los gobiernos de Baleares, Andalucía y Aragón.
Coste económico
Según SATSE, “la cuestión de fondo que ninguna de las partes quiere reconocer es el coste económico que supone el traspaso de la sanidad penitenciaria y que provoca que transcurran los años y los gobiernos de turno sin que se llegue a un acuerdo que beneficia, sin duda, a las más de 46.000 personas privadas de libertad en nuestro país y a los profesionales sanitarios que trabajan en las prisiones”.
En el caso de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios, la organización sindical reitera que se encuentran muy sobrecargados y sufren continuas situaciones de estrés y tensión asistencial, al no contar con los suficientes recursos y apoyos. Además, tienen que realizar funciones que no les competen en un entorno laboral que conlleva muchos más riesgos para su salud y seguridad personal, añade.
Al respecto, SATSE incide en que estas precarias condiciones laborales conllevan una peor atención sanitaria y cuidados a un colectivo, como es el que se encuentra en las prisiones, que es especialmente difícil y vulnerable, al tener numerosos problemas de salud (drogodependencia, salud mental, enfermedades infecciosas…).
Sanidad penitenciaria
De otro lado, el Sindicato recalca que el hecho de que sea aún el Ministerio del Interior el que gestione la sanidad penitenciaria en 14 de las 17 comunidades autónomas conlleva duplicar sin sentido numerosos recursos, falta de comunicación y coordinación con los servicios de salud correspondientes y, en el caso de los profesionales, una clara e injustificable discriminación al no tener las mismas condiciones laborales y profesionales que sus compañeros y compañeros dependientes de las autonomías.
Por último, SATSE recuerda que durante los últimos años han sido múltiples las mociones, proposiciones no de ley y otro tipo de iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, en las que se insta al Gobierno a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, “y que, una tras otra, han caído en saco roto”, concluye.
