La situación no es nueva y se ha vuelto a repetir tras las elecciones generales, autonómicas y municipales. En esta ocasión, los miembros de corporaciones locales, como las de Málaga, Sevilla o las Palmas de Gran Canaria, por citar solo algunos ejemplos, han decidido de manera unánime y en el primer pleno celebrado en la actual legislatura aumentar sus salarios en porcentajes que llegan hasta más de un 40 por ciento.
Estos responsables públicos no han dudado ni un minuto en subirse el sueldo con el argumento de que hay que equipararse a lo que se cobra en otras administraciones, mientras que la situación de miles de trabajadores públicos sigue en una situación precaria desde que se redujeron sus salarios en un 5 por ciento en 2010. El caso más gravoso es el de las enfermeras y enfermeros, ya que se les quitó el seis por ciento en su nómina mensual.
Ante esta realidad, SATSE ha vuelto a reclamar que se apruebe una primera subida salarial de, al menos, el 6 por ciento en 2019. También demanda que se acuerden posteriores incrementos que permitan a las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas recuperar de manera progresiva, pero no muy dilatada en el tiempo, el poder adquisitivo perdido.
“Es totalmente ilógico y contradictorio que los políticos argumenten que se ha salido de la crisis hace tiempo para subirse el sueldo y no propicien lo mismo entre el colectivo de empleados públicos, especialmente las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas», apuntan desde la organización sindical.
Derechos pendientes
Desde hace años, el Sindicato de Enfermería viene reclamando «la recuperación de todos y cada uno de los derechos recortados en el periodo de crisis económica y aún muchos de ellos no se han logrado.
«Queremos la recuperación de todos los derechos perdidos durante la crisis»
Recortes como la bajada de salarios, el aumento de la jornada laboral o la eliminación de pagas extras, días de libre disposición y la carrera profesional, entre otros.
Lamentablemente, SATSE sigue constatando que las distintas administraciones públicas siguen sin priorizar la mejora del sistema sanitario ni las condiciones laborales de sus profesionales, con las consiguientes repercusiones negativas en la atención que se presta a los ciudadanos (aumento de las listas de espera, falta de seguridad y calidad en la asistencia…)
