El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que, mientras aumentan los casos de agresiones físicas y verbales a los profesionales sanitarios, Gobierno y comunidades autónomas siguen sin impulsar una Ley estatal como la que el Sindicato les ha propuesto y que contempla más de 50 medidas y acciones concretas para luchar contra esta lacra que afecta especialmente a las enfermeras y enfermeros.
SATSE subraya que el entendible hartazgo y frustración de la población al constatar los problemas de recursos y medios que tiene nuestra sanidad publica en plena sexta ola del Covid-19 está propiciando que un mayor número de personas lo esté pagando con unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados pese a llevar ya dos años de incansable lucha contra la pandemia.
Por ello, apunta, los casos de episodios de violencia verbal (amenazas, insultos, descalificaciones…) y física (empujones, puñetazos…) van en aumento en nuestro país, como se viene reflejando en los últimos días en los medios de comunicación, mientras que, tanto el Gobierno central como los de las comunidades autónomas, no impulsan medidas eficaces para evitar este tipo de situaciones que afectan, especialmente, a las enfermeras y enfermeros por su contacto más cercano y continuado con pacientes y familiares.
Por una ley estatal
Una lamentable realidad que ya se producía antes de la pandemia del Covid-19 y que llevó a SATSE a presentar al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Salud de las comunidades autónoma una propuesta de ley estatal que dé una respuesta eficaz, conjunta y coordinada a un grave problema que sufren ocho de cada diez enfermeras y enfermeros a lo largo de su trayectoria profesional.
En la norma, y al objeto de que no se llegue a producir ninguna agresión a un profesional sanitario, SATSE propone, entre otras medidas de carácter estructural, el generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión de los centros sanitarios, así como los dispositivos sonoros de alarma en las consultas, y que la iluminación sea optima en cualquier estancia del centro.
Entre las medidas de carácter activo, la organización sindical apunta la inclusión en la historia clínica del ciudadano que se haya visto involucrado en un acto de violencia contra los profesionales sanitarios y, entre las de carácter organizativo, reducir los tiempos de espera, garantizar una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera/o e implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares.
Medidas de seguridad
Asimismo, el Sindicato de Enfermería defiende que las enfermeras y enfermeros atiendan, con las medidas de seguridad pertinentes, a aquellos pacientes con antecedentes por un acto de violencia y que sean acompañados por las fuerzas de seguridad si tienen que prestar asistencia en los domicilios de pacientes condenados por cometer este tipo de actos.
En el aspecto formativo e informativo, SATSE resalta la necesidad de aportar a los profesionales sanitarios los datos, conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su actividad con mayores garantías de no sufrir daños. Así, propone, por ejemplo, adquirir y mantener una formación adecuada en defensa personal contra los actos de violencia.
De otro lado, la organización sindical apuesta por la creación de la figura del delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que formaría parte del Comité de Seguridad y Salud del centro y que se encargaría de vigilar el cumplimiento de las medidas puestas en marcha, así como de demandarlas si no se estuviesen desarrollando de manera adecuada.
Apoyo psicológico
Una vez registrado un caso de agresión, desde el Sindicato de Enfermería se propone, entre otras medidas, la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima, así como poner a disposición del enfermero o enfermera un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal la denuncia que pudiera presentar.
Asimismo, en el ámbito de la administración pública, SATSE aboga por que el servicio autonómico de salud correspondiente se persone como acusación particular en las causas penales abiertas, y que la víctima de un caso probado de violencia sanitaria pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro, servicio o unidad.
En la actualidad, cada servicio autonómico de salud establece ciertos protocolos y actuaciones a seguir de manera independiente y descoordinada en el conjunto del Estado con resultados dispares y siempre insuficientes, por lo que SATSE insiste en la urgente necesidad de dar una respuesta conjunta, coordinada y eficaz en el conjunto del país a través de la aprobación de una norma de carácter y alcance estatal.
