SATSE: “Hay que solucionar ya los problemas de las enfermeras de prisiones”

Más de 90 centros penitenciarios, 50.000 reclusos y cientos de profesionales de Enfermería con unas lamentables condiciones laborales que van a peor cada día que pasa. Una realidad que, según SATSE, podría cambiar a mejor si se produce el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

El día a día de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios españoles va de mal en peor. Déficit de plantillas, altos niveles de estrés, realización de funciones propias de otros profesionales o claras discriminaciones a nivel laboral son algunas de las lamentables condiciones que sufren en alguna de los más de 90 cárceles repartidas en las distintas comunidades autónomas.

Una pésima situación laboral y profesional que SATSE viene denunciando desde hace años y que ha hecho, una vez más, en una  carta de su presidente, Manuel Cascos, al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.

Entre otros perjuicios para los profesionales de Enfermería, SATSE recalca que son obligados a realizar funciones que competen a los médicos, como la asistencia de graves urgencias  (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…), o que son propias de los farmacéuticos.

Están sometidos, además, a unos altísimos niveles de estrés  propiciados por la excesiva sobrecarga de trabajo que sufren a raíz del déficit de profesionales en las plantillas, los problemas característicos de este tipo de centros y el perfil de los internos, y no pueden tampoco disfrutar, en muchas ocasiones, de los periodos de descanso adecuados después de sus guardias.

Discriminación

A nivel retributivo, los profesionales de Enfermería que ejercen su labor en los más de 90 centros penitenciarios que hay en nuestro país también sufren una clara discriminación con respecto a sus compañeros/as que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 500 euros menos al mes.

Existe, además, una  importante discriminación con otros colectivos profesionales del ámbito penitenciario, como son los funcionarios de vigilancia, y otra, aún más sustancial, con los funcionarios que trabajan en las oficinas del centro penitenciario y que no tienen ningún contacto con los presos, al percibir un complemento muy superior al de los enfermeros y enfermeras

Una lamentable realidad que no puede seguir perpetuándose en el tiempo, por lo que el Sindicato de Enfermería reclamado que en la legislatura que acaba de comenzar se impulsen las distintas negociaciones mantenidas con las comunidades autónomas para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios dependientes aún del Gobierno central. Sólo en Cataluña y Euskadi ya está realizado este traspaso.

14 años de espera

Ante la inacción de los gobiernos y partidos políticos después de más de 14 años de “promesas incumplidas” sobre este traspaso, los propios profesionales afectados han anunciado distintas medidas de presión y movilización para reclamar soluciones. Unas demandas que comparte SATSE al entender que son justas y necesarias.

El traspaso fue un mandato contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que debería haberse llevado a cabo en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, el 1 de diciembre de 2004. Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad fija que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud.

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