El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado la agresividad “sin límites” de la patronal de la sanidad privada para que la Ley de Seguridad del Paciente no sea aprobada en el Congreso de los Diputados, a pesar de que solo persigue garantizar la seguridad y calidad de los cuidados y la atención sanitaria a las personas enfermas en los centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, mediante el establecimiento de un número máximo de pacientes por enfermera.
SATSE subraya que, para la patronal de la sanidad privada según declaraciones públicas, este loable y esencial objetivo no es su prioridad, como lo acredita el hecho de que en sus hospitales se impongan hasta 25 y 30 pacientes para ser atendidos por una sola enfermera y que en sus Unidades de Cuidados Intensivos una sola enfermera sea la responsable de los cuidados de hasta 4 y 5 pacientes.
Reingresos, reintervenciones
“Todo ello a pesar de que múltiples estudios científicos determinan un máximo de 6-8 pacientes en hospitalización y de 2 en cuidados intensivos, afirmando que por encima de estas ratios se incrementan los reingresos, reintervenciones y también los fallecimientos”, apuntan desde la organización sindical.
Según SATSE, a la privada solo le preocupa que el cumplimiento de estas ratios de pacientes por Enfermera reduzca su margen de beneficio empresarial, pero no informa públicamente de la precariedad de los salarios de sus profesionales ni de la escasa plantilla en sus hospitales, y tampoco informa de los sueldos y retribuciones globales que percibe el personal médico en sus hospitales. “Cumplir esto último sería un claro ejemplo de transparencia y ayudaría a entender algunas cosas”, señala.
Sanidad privada
Asimismo, el Sindicato asevera que es evidente que la patronal de la sanidad privada no quiere proteger y garantizar la seguridad del paciente con un número máximo de pacientes atendidos por enfermera, y, por ello, no escatima recursos económicos, acudiendo al bufete KPMG especializado en servicios profesionales de auditoría, fiscales, de asesoramiento legal, financiero y de negocio.
SATSE asevera que este bufete elegido por la patronal de la privada también ha participado y colaborado con otras empresas y organizaciones como el Club Futbol Barcelona, en relación con el caso Negreira; la concesionaria Abertis, o la empresa Fertiberia, propiedad del fondo alemán Triton Pastmers. Además, KPMG es el bufete elegido por el Ibex, y también el Ministerio de Asuntos Económicos ha contratado los servicios para auditar y gestionar las subvenciones para ayudas digitales procedentes de Bruselas.
Riesgo la salud y seguridad
Por todo ello, señala SATSE, es evidente que la elección por parte de la patronal de la sanidad privada de KPMG para combatir la Ley de Seguridad del Paciente representa una clara decisión de intentar que dicha Ley no termine publicada en el BOE con la aprobación del Congreso de los Diputados.
“Evidencia que ésta toca la línea de flotación de negocio de la sanidad privada, y que en este envite la seguridad y calidad en la atención sanitaria y cuidados de las personas enfermas no son una prioridad, sí lo es sin embargo seguir con precariedad laboral y retributiva de los trabajadores de la sanidad privada y también lo es imponer un número inaceptable de pacientes por enfermera, aunque ello ponga en riesgo la salud y seguridad de los pacientes y también de los profesionales de Enfermería”, recalca.
Estado de Derecho
Por último, SATSE asevera que no le temblará el pulso para defender y proteger una proposición de Ley que es buena para los pacientes, para el sistema sanitario y también para los profesionales y el conjunto de la sociedad, y lo hará desde todos los resortes que ofrece un Estado de Derecho. También dará a conocer a la opinión pública aquellas situaciones que considere oportunas y permanecerá expectante y alerta al comportamiento de los distintos partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, ya que la Ley de Seguridad del Paciente seguirá viva tras la finalización de la presente legislatura, al haber sido promovida a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas de ciudadanos y profesionales.
