Sanidad penitenciaria, cerca de 17 años incumpliendo la ley por no hacer efectivo su traspaso

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La situación de los profesionales sanitarios que trabajan dentro de la sanidad penitenciaria sufre un deterioro progresivo. SATSE denuncia que las administraciones sanitarias siguen `echando balones fuera´ para hacer, lo antes posible, realidad el traspaso de la Sanidad penitenciaria, un traspaso que lleva pendiente desde 2004. Mientras esto ocurre una sola enfermera atiende a más de 100 personas privadas de libertad y cada día se viola el derecho de la población reclusa de recibir una atención en condiciones homologables a la que reciben el resto de ciudadanos.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha recibido respuesta del Defensor del Pueblo a su reclamación relativa al traspaso de la sanidad penitenciaria y ha constatado que, tanto el Gobierno central como los de las comunidades autónomas, siguen echando “balones fuera” para justificar su claro desinterés por mejorar la atención sanitaria que se presta en los centros penitenciarios y las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios.

Tras la carta remitida el pasado mes de febrero al Defensor del Pueblo, junto a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), denunciando el progresivo deterioro de la sanidad penitenciaria y demandar su traspaso a las comunidades autónomas, SATSE ha sido informado de los contactos mantenidos entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los gobiernos de distintas comunidades autónomas y no ha visto ningún avance significativo a pesar del supuesto interés demostrado públicamente por ambas partes para propiciar el traspaso competencial.

En concreto, han sido las autonomías de Navarra, Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias Andalucía, Asturias y Aragón las que han facilitado información hasta la fecha de la que se puede concluir que ninguna administración quiere responsabilizarse de la falta del acuerdo que permitiría el traspaso de la sanidad penitenciaria al conjunto de autonomías, y que, salvo en el caso de Euskadi y Cataluña, llevan muchos años pendiente de formalizarse.

Agenda política

Ante esta realidad, y una vez superado el estado de emergencia motivado por la expansión de la Covid-19 en nuestro país, SATSE reclama que se impulsen las negociaciones necesarias para que se produzca el traspaso en lo que queda de legislatura, algo que ya hizo en fechas recientes su presidente, Manuel Cascos, durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país.

SATSE reitera que las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios de nuestro país sufren numerosos problemas y deficiencias que repercuten en sus condiciones laborales y en la calidad de la asistencia sanitaria que prestan, como el grave déficit de personal existente que les obliga a asumir responsabilidades y funciones que no les corresponden.

Penosidad y peligrosidad

Asimismo, el Sindicato recuerda que son profesionales sanitarios cuyo trabajo se desarrolla en un entorno laboral que reúne especiales condiciones de peligrosidad y penosidad, al atender y cuidar a un importante número de personas con problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, enfermos mentales o pacientes que padecen enfermedades infectocontagiosas, entre otros ejemplos.

También apunta que las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios no tienen las mismas condiciones laborales que sus compañeras y compañeros dependientes de los servicios autonómicos de salud. Por ello, SATSE defiende que, una vez sean transferidos a las comunidades autónomas, se conviertan en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral.

«60.000 personas privadas de libertad no cuentan de una asistencia sanitaria en condiciones homologables al resto de ciudadanos»

Desde el Sindicato se incide en que siguen coexistiendo dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no mantienen unos canales de comunicación y coordinación adecuados. Para la organización, cerca de 60.000 personas privadas de libertad que hay en nuestro país no cuentan de una asistencia sanitaria en condiciones homologables a la que reciben el resto de ciudadanos.

Asignatura pendiente

“Se trata de una asignatura enquistada que lleva pendiente desde 2004, cuando se cumple el plazo dado por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que, pese a las muchas declaraciones de intenciones en el Congreso, en el Senado o en los medios de comunicación, ningún gobierno o partido, sea del signo político que sea, le ha dado una solución”, concluye.

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