El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska que, en su nueva etapa al frente del Ministerio del Interior, agilice el proceso de traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. SATSE denuncia «que la situación de las enfermeras y enfermeros que trabajen en los centros penitenciarios es cada vez más insostenible”. En la actualidad, hay de media solo una enfermera o enfermero para atender a 100 personas privadas de libertad.
Quince gobiernos autonómicos siguen sin gestionar los servicios sanitarios penitenciarios
Transcurridos más de quince años desde que se debía haber producido el traspaso de la sanidad penitenciaria, un total de quince gobiernos autonómicos siguen aún sin gestionar los servicios sanitarios que se ofrecen a las personas privadas de libertad en los centros de sus respectivos territorios, manteniéndose así una clara discriminación con respecto al resto de ciudadanía, al recibir una atención diferente y en peores condiciones, apuntan desde el Sindicato.
Traspaso servicios sanitarios
Ante esta lamentable realidad, desde SATSE se reclama de nuevo a Grande-Marlaska que priorice las negociaciones con los gobiernos autonómicos. Se trata, insiste el sindicato, de propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y Euskadi, que ya cuentan con las competencias pertinentes. Las últimas informaciones apuntan que las conversaciones se encuentran bastante avanzadas en el caso de Andalucía, Baleares y Navarra.
La organización sindical recuerda que existe un grave déficit de enfermeras y enfermeros, así como de otros profesionales sanitarios, en los más de 90 centros penitenciarios que hay en nuestro país, lo que conlleva una peor atención y menos segura para las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en todos ellos.
Desde SATSE se subraya que, en la actualidad, «coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no mantienen unos canales de comunicación y coordinación adecuados. Por ello, las personas privadas de libertad no disfrutan de una asistencia sanitaria en condiciones homologables a la que reciben el resto de ciudadanos».
Penosas condiciones laborales
En lo que respecta a las enfermeras y enfermeros, el Sindicato recalca que se han convertido en profesionales sanitarios “para todo”, viéndose obligados a realizar funciones que no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…)
A nivel retributivo, las enfermeras y enfermeros también sufren una clara discriminación con respecto a sus compañeros/as que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 500 euros menos al mes, afirman desde SATSE, apuntando que no se tienen en cuenta tampoco las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que son inherentes a su desempeño laboral.
En definitiva, el Sindicato concluye que estos profesionales trabajan en un entorno especialmente difícil e inseguro y no pueden disfrutar de las mismas condiciones laborales a nivel retributivo y en otros conceptos. Por ello, defiende que, una vez sea transferido el personal a las comunidades autónomas, éste se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral. SATSE ha manifestado en un comunicado que no se escatimarán esfuerzos para lograr esta reivindicación.
