SATSE ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones la problemática de la clasificación profesional. En una carta remitida a Pedro Sánchez, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, defiende la necesidad de que el Gobierno impulse una nueva clasificación de la función pública de acuerdo a la evolución que ha experimentado nuestro sistema educativo. El desarrollo competencial de algunas profesiones, como es el caso de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, impulsa evitar las discriminaciones entre profesiones.
El Sindicato propone la modificación del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Contempla eliminar la vigente división del Grupo A en los subgrupos A1 y A2. Así, los titulados universitarios deben incluirse en el Grupo A sin distinciones.
Discriminación
La organización sindical señala que la diferenciación entre categorías no debe hacerse en base a la titulación académica. Esta diferenciación debe estar de acuerdo a las funciones a desempeñar y las características de las pruebas de acceso, tal y como establece el propio EBEP.
«Las administraciones públicas continúan aplicando una clasificación profesional que ha quedado ya obsoleta»
A pesar de esta nueva realidad, «la práctica totalidad de las administraciones públicas continúan aplicando una clasificación profesional que ha quedado ya obsoleta», explica Cascos. Esta clasificación perpetúa una clara discriminación entre profesionales, al ser clasificados en un subgrupo profesional (A1 o A2).
La modificación normativa planteada por SATSE mejorará el funcionamiento de las administraciones públicas.
Aumento salarial
En todo caso, SATSE subraya que el coste de la nueva clasificación no puede ser sufragado, como defiende alguna organización sindical, con el dinero aún adeudado a los profesionales. Un dinero que en el caso de las enfermeras y enfermeros, supera el 6 por ciento de sus salarios.
“La propuesta defendida por otros sindicatos constituye un claro perjuicio para los intereses de los profesionales. Desde hace más de nueve años han perdido poder adquisitivo como consecuencia del recorte salarial que se estableció. En la actualidad, la pérdida de poder adquisitivo se sitúa en torno al 30 por ciento, según nuestros cálculos”, añade.
El Sindicato ha propuesto al Gobierno que se establezca un aumento salarial de, al menos, un 6 por ciento
Para que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas puedan recuperar el dinero perdido, el Sindicato ha propuesto ya al Gobierno que se establezca un aumento salarial de, al menos, un 6 por ciento en 2020, y que se acuerden posteriores incrementos en años sucesivos.
La carta también se ha dirigido a los ministros de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.
